¿Está intervenida la marca España?

El jarro de agua fría del ECOFIN del 12 de marzo ha dejado intervenida la “Marca España”. Esta herencia del período aznarista había sustituido, con alivio de la derecha, a la“alianza de civilizaciones” zapaterista como consigna central de la política exterior del Reino. Mientras que la Marca España asienta la noción de que somos una “gran nación” en la presencia de las empresas y bancos españoles en los mercados exteriores, la Alianza de Civilizaciones era un instrumento de poder light con el que el nuevo ministro de asuntos exteriores, Garcia Margallo, ha confesado “no saber qué hacer” (LV 7-3-12) pocas semanas después de que en el Congreso reclamase una vuelta al“consenso” que en política exterior permitió la intervención del Gobierno Aznar en la Guerra de Irak (1).


El caso es que el ministro de economía, Luis de Guindos, a pesar de haber explicado el escaso margen de maniobra del Gobierno español ante la situación fiscal a su colega alemán Wolfang Schäuble, se encontró, primero, con la “asfixiante”  broma del presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, y más tarde, con la reprimenda ejemplarizante del Comisario Ollin Rehn. En consecuencia, el Gobierno Rajoy tendrá que ampliar su ajuste del 5,8% al 5,3% del PIB, algo más de 5.000 millones de euros, que elevarán el recorte fiscal total para 2012 a unos 37.000 millones de euros.

A pesar de la solidaridad entre conservadores del Eurogrupo, ni la Comisión europea ni el Banco Central Europeo han querido crear un precedente: no les había gustado la puesta en escena de Rajoy tras el último Consejo europeo, cuando informó a la prensa directamente de que había decidido que el recorte fuera de un 5,8%, que no tenía necesidad alguna de contestar a preguntas que no se le habían hecho en el Consejo y que España decidiría “soberanamente” su ritmo de ajuste, dentro de los estrechos márgenes del Tratado de Estabilidad Parlamentaria. A continuación, y por si había dudas, enviaron a Madrid a un grupo de expertos de la Comisión para repasar las cifras de déficit, como hace Hacienda con las empresas que no colaboran.
Guindos ha venido haciendo un esfuerzo considerable de explicación de la política de ajuste del Gobierno. Bankia y PRISA le ofrecieron la plataforma de un “Encuentro Financiero Internacional” en Madrid, el 5 y 6 de marzo, para que se explayara. El Gobierno Zapatero fracasó en su compromiso de reducción del déficit al 6% en 2011 y dejo una herencia del 8,5%, tras una magra disminución del 0,5%. El Gobierno Rajoy se enfrenta ahora a la urgente necesidad de restaurar la confianza ante la UE y los mercados, atacando con reformas un déficit estructural del 7%, y aplicando nuevos ajustes al cíclico de 1,5% (por disminución de ingresos fiscales y aumento de las prestaciones de paro a causa de la recesión). El día antes de la reunión del Eurogrupo, ABC le brindó sus páginas para repetir sus argumentos (2).


Unos argumentos han encontrado poco eco en Europa a la hora de aflojar su presión. Entre otras cosas porque, sin tiempo para cambiarla, la ley de techo presupuestario fue adoptada un día más tarde por la mayoría del PP con una previsión máxima del 5,8% (118.565 millones de euros), aunque jurando y perjurando que no se superará el 5,3% exigido por la UE en el presupuesto a presentar el 30 de marzo.
Que Zapatero reapareciese brevemente para calificar de “locura” la maniobra de Rajoy ante el Consejo europeo (ABC 6-3-12), no tuvo el menor eco, ni siquiera en la posterior intervención de Rubalcaba el 13 de marzo en el Congreso. Pero la incomodidad con la intervención de la Marca España –gráficamente resumida en el apretón de Juncker al cuello de Guindos— hacía mella en la derecha, hasta el punto de que un comentarista de esta cuerda como José Antonio Zarzalejos titulaba su crónica“Los errores del Gobierno”, y sentenciaba: “Rajoy nos prometió certidumbres, pero no deja de aportarnos inseguridades” (LV 15-3-12).
Efectivamente, lo que se acumulan son inseguridades. La primera y más importante, el resultado de la huelga general del 29 de marzo, después de mes y medio de preparación sindical para cargarse de razones. Rajoy había querido “descontar” sus efectos antes mismo de que tuviera lugar, y ello sin duda influyó en el planteamiento del déficit en el 5,8%, casi un punto y medio por encima del 4,4% inicial. Pero como ha recordado Toxo, el secretario confederal de CCOO, las huelgas generales suelen tener efectos retardados políticamente destructivos.

La segunda inseguridad es la crisis del estado de las autonomías, incapaz de asegurar ya el ejercicio de las competencias que tiene transferidas, especialmente en sanidad, educación y dependencia. En conjunto, acumulan un déficit de 140.083 millones de euros. Pero con un abanico que va desde los 41.778 millones de Cataluña (20,7% de su PIB) hasta los 15.447 millones de Madrid (7,9% del suyo) (3). El Gobierno Rajoy se ha comprometido a no hacer recaer más recortes sobre las autonomías, que ya deben reducir su déficit en más de un 50%, pasando del 2,94% del PIB estatal al 1,4% en un año. El Gobierno Rajoy ha intentado apretar pero no ahogar a los gobiernos autonómicos, que en su gran mayoría están en manos del PP:  transferencia de los 918 millones de aumento del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, línea de créditos del ICO para asegurar su liquidez y un fondo para el pago de facturas pendientes (estimadas en un valor de 9.584 millones de euros). Para ello cuenta con el apoyo de una banca privada que no solo podrá proponer una quita “voluntaria” del 8% a las empresas, sino prestar a un 5% el mismo dinero que recibe al 1% del BCE.
La crisis del estado del bienestar autonómico, que erosiona el status de “clase media” de una parte sustancial de los propios votantes del PP, acarrea implícitamente un cuestionamiento de su legitimidad y del carácter equitativo de su sistema de financiación frente a la aspiración soberanista, la defensa del derecho a decidir, en Euskal Herria y Cataluña. Las encuestas auguran en las próximas elecciones vascas una lucha por este espacio mayoritario entre la derecha (PNV) y la izquierda (Amaiur). Y en Cataluña, Convergencia Democrática de Cataluña, el componente mayoritario de CiU, concluye en la ponencia de su reciente congreso que “la centralidad política en Cataluña se ha desplazado hacia el soberanismo sin complejos” (4).

En este equilibrio de intereses sociales, que buscan alterar a su favor la correlación de fuerzas, las cuentas no cuadran para el presupuesto de 2012. Desde el punto de vista fiscal, el efecto más importante de la recesión no es sólo el aumento inevitable de las prestaciones por desempleo para los más de 600.000 nuevos parados que se esperan, sino la caída en un 64% de la recaudación por el impuesto por sociedades desde el 2007, pasando de 45.000 a 16.000 millones. El tipo marginal se ha podido elevar al 30% (25% para las PYMES), pero entre subvenciones y descuentos, Hacienda solo recauda en realidad el 9,9%, un tercio de lo que debería por beneficios empresariales. Guindos descarta desde hace semanas el aumento del IVA y Rajoy se pronuncia contra el copago sanitario.

El principal argumento del PP para su política de ajuste es la herencia fiscal del Gobierno Zapatero. Pero su principal apoyo es la desmovilización política del electorado socialista que, según todas las encuestas, sigue cayendo, augurando una derrota de más de diez puntos de diferencia en las elecciones andaluzas del próximo 25 de marzo. Rubalcaba ve la credibilidad de su oposición parlamentaria hipotecada a esa herencia, aunque intente argüir que las decisiones del Gobierno Rajoy benefician siempre a los mismos contra la mayoría. Sin una ruptura clara con las políticas económicas que aplicó desde mayo del 2010 y un cambio de dirigentes, el PSOE no conseguirá recuperar a su propio electorado. Toda su esperanza se deposita ahora en una victoria del candidato socialista Hollande en Francia, que le permita apuntarse a un polo alternativo a Merckel en la UE. IU e ICV-EUiA, aunque aumentan su expectativa de voto, no son capaces aún de ser una alternativa para los votantes socialistas desencantados o “avergonzados”,como prefiere llamarles el candidato andaluz, Diego Valderas. Pero la experiencia conjunta de la huelga general puede tender nuevos puentes entre ambos electorados separados por años de desencuentros.

La Marca España esta intervenida de hecho por la UE, pero sobre todo es prisionera de sus propias contradicciones internas. Solo faltaba una crisis en América Latina, como la que se pergeña desde hace semanas con la campaña en Argentina por la nacionalización de la filial de la petrolera Repsol, YPF, para que el valor de la Marca España también empiece a tirar para abajo de la bolsa de Madrid y nos encontremos al PP haciendo un discurso sobre la decadencia de España, esa “gran nación”.

Fuente: sinpermiso.info

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